Madurez en materia de transición ecológica de las entidades locales

Este marco de referencia evalúa la capacidad de una entidad local para llevar a cabo su transición ecológica, desde el impulso político hasta la ejecución presupuestaria. Abarca la gobernanza y la organización de los servicios, el conocimiento de los consumos y las emisiones, la rehabilitación y la eficiencia del patrimonio construido, la movilidad, el agua, los espacios naturales, los residuos y la economía circular, el urbanismo y la ordenación del territorio, la contratación pública, la movilización de los empleados públicos y de los vecinos. Cada ámbito se valora en cinco niveles de madurez, a partir de prácticas observables y no de declaraciones de intenciones.

En la práctica, la dificultad no está en saber qué hacer, sino en saber en qué punto se encuentra la entidad. Los documentos de planificación existen, los acuerdos plenarios están aprobados y, sin embargo, el pilotaje sigue disperso. ¿Se controlan los consumos energéticos de todos los edificios uno por uno, o se reconstruyen una vez al año a partir de las facturas? ¿Quién, dentro del organigrama, decide entre dos proyectos de inversión atendiendo a su impacto ecológico? Las acciones incluidas en el plan de clima, ¿están vinculadas a una partida presupuestaria y a un empleado concreto, o se quedan en el nivel de la orientación general?

El contexto de los últimos años ha desplazado el asunto del servicio de medio ambiente hacia la gerencia y la intervención de fondos. La presupuestación verde, el conocimiento del patrimonio impuesto por las obligaciones de rehabilitación energética de los edificios públicos, las zonas de bajas emisiones, la gestión cuantitativa del agua: todos estos asuntos implican conjuntamente a hacienda, recursos humanos y los servicios técnicos. Persiste una confusión frecuente: disponer de un plan de clima aprobado no dice nada del nivel de madurez de su ejecución. El primero es un documento, el segundo es una capacidad organizativa.

Este diagnóstico no es un control de conformidad. No concluye con « conforme » o « no conforme », y de él no se deduce ningún sello. Responde a otra pregunta: en qué nivel de dominio se encuentra cada ámbito, qué objetivo han fijado los cargos electos y la gerencia, y qué acción concreta permite pasar al nivel siguiente. La brecha entre la puntuación constatada y el objetivo genera el plan de acción. La IA agrupa después estas acciones en una hoja de ruta priorizada, legible tanto en comité de dirección como en comisión.

El marco de referencia está listo para usar y se adapta al tamaño y a las competencias de la entidad, municipio, mancomunidad, diputación o comunidad autónoma. La IA ajusta los ámbitos, las preguntas y los niveles, o construye una variante a partir de sus propios documentos: plan de clima, informe de desarrollo sostenible, plan director inmobiliario. Las evaluaciones realizadas en varios municipios de una misma mancomunidad se comparan entre sí y a lo largo del tiempo.