Zona franco: dos reformas bancarias, dos calendarios

Dos reformas avanzan en paralelo en la zona franco, y no se parecen entre sí. Al sur, la Comisión Bancaria del África Central elevó el capital social mínimo de las entidades de crédito de la CEMAC de 10.000 a 25.000 millones de FCFA, un aumento del 150 % en vigor desde el 1 de enero de 2026, acompañado de plazos escalonados de adecuación que se extienden hasta 2029. Al oeste, la nueva ley uniforme de regulación bancaria en la UMOA sigue un camino muy distinto: se transpone Estado por Estado, en fechas diferentes.

La diferencia de forma importa tanto como el fondo. Un reglamento comunitario se aplica en todas partes al mismo tiempo. Una ley uniforme, en cambio, debe ser adoptada por cada parlamento nacional: Benín ya lo ha hecho, Costa de Marfil validó en Consejo de Ministros su marco actualizado a finales de abril de 2026, y Burkina Faso hizo lo propio a finales de junio. Sobre el papel, la norma es común a los ocho Estados miembros. En la práctica, todavía no se aplica en todas partes al mismo tiempo.

Pasar de 10.000 a 25.000 millones de FCFA en cinco años no es una operación de balance que se resuelve al cierre del ejercicio. Es una trayectoria: plazos con fecha, decisiones sobre la estructura accionarial, a veces fusiones, y un gobierno corporativo que debe rendir cuentas de sus avances tanto al regulador como a su consejo.

El primer escalón no está al final del camino, sino al final del año: 14.000 millones de FCFA a 31 de diciembre de 2026. Las entidades que no podían alcanzarlo debían presentar un plan de refuerzo ante la Secretaría General de la COBAC antes del 30 de junio de 2026, fecha ya vencida. Dicho de otro modo, la pregunta que llega a los consejos de administración este otoño ya no es la meta de 2029, sino la brecha a 31 de diciembre.

Las entidades que tratan esta reforma como un expediente jurídico aislado descubren tarde que compromete la estrategia de crecimiento, la política de distribución de dividendos y el plan de financiación. Las que la tratan como un programa de transformación saben, en cada revisión, en qué punto se encuentran respecto al siguiente plazo.

Para un grupo bancario presente en varios países de la zona, la asincronía en la transposición crea un punto ciego. La sede pilota un cumplimiento normativo promedio, cuando en realidad las exigencias no son idénticas de una filial a otra en un mismo momento. La filial más avanzada soporta requisitos que su vecina todavía desconoce; la filial rezagada se convierte en el eslabón débil del grupo el día de la inspección.

La respuesta cabe en una frase: medir filial por filial, consolidar después. Es lo contrario de la práctica habitual, que consolida primero y descubre las diferencias en la inspección. Un diagnóstico por entidad, sobre el mismo marco de referencia prudencial, hace visible la brecha antes de que se convierta en un hallazgo.

Las dos reformas comparten la misma base de exigencias: gobierno corporativo y control interno, gestión global de riesgos, adecuación de fondos propios, protección de la clientela. Esta base se mide una sola vez, sobre una escala única, y luego se proyecta sobre la norma aplicable a cada entidad: instrucción del BCEAO por un lado, reglamento de la COBAC por otro.

Esto es lo que permite comparar lo comparable: la madurez de una filial de Abiyán y la de una filial de Duala, sobre los mismos temas, con exigencias locales distintas. Y convertir la brecha en un plan de acción con fecha, cuyos hitos caigan antes que los del regulador, no después.